Ante el fracaso de su programa económico y en un intento desesperado de ganar espacios y mostrarse progresista, en 2018 el gobierno argentino impulsó el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como Ley del Aborto.
Queremos suponer que por error de cálculo, y no por ingenuidad, la iniciativa fracasó pese a la presión ejercida desde el Poder Ejecutivo, que se había declarado supuestamente neutral, sobre diputados provida que cambiaron a último momento su voto. El rechazo por parte del Senado se debió no solo a la posición de la mayoría de las provincias, sino a la Marcha por la Vida, una multitudinaria manifestación en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada de marchas simultáneas en otras 117 ciudades argentinas, realizada el 17 de marzo de 2018, que puso en evidencia el poder de convocatoria de las iglesias evangélicas -principales motores de la actividad- cuya lealtad a los principios bíblicos en defensa de la vida está por encima de sus simpatías políticas (marchas similares acaban de realizarse en 2019 en todo el país, con más de 300,000 participantes en la Ciudad de Buenos Aires).
Sin embargo, el gobierno argentino insistió en impulsar la interrupción legal del embarazo a través de diferentes acciones, de las cuales queremos señalar cuatro. La primera, la firma el 11 de julio de 2018 del convenio de cooperación entre la Fundación Huésped, declarada abiertamente pro abortista, y el Ministerio de Educación[1]. Tras la derrota en el Senado, esta entidad declaró en su sitio web: “Esta noche no perdimos. En las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ganó, y de eso no hay retorno…”[2]. Al abrirle las escuelas, el gobierno proveyó los medios a esta entidad para predicar sus dogmas, en particular sobre el aborto a pesar que va en contra de la ley vigente y de la Declaración Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
La segunda acción es la defensa a ultranza del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Interpretando el artículo 86 del Código Penal, el protocolo establece cuatro causales para el aborto legal: 1) el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; 2) el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; 3) el embarazo proviene de una violación; 4) el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental[3]. El protocolo lleva a extremos una resolución de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la mujer que solicite el aborto no necesita la autorización de un juez: “si se considerara necesario compartir la información con terceros –incluidos esposo, compañero/a, padre, madre– debe hacerse con la autorización expresa de la mujer, otorgada de manera libre y de forma clara”[4]. De modo que el padre del embrión es privado de sus derechos y si quien solicita el aborto es una menor de 14 a 17 años, sus padres no pueden enterarse sin su consentimiento explícito. El protocolo también se aplica en casos de riesgo de “dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima”[5], amparándose en una definición de salud de 2006 de la OMS bajo la cual reinterpreta el texto del Código Penal de 1984. Por lo tanto, tergiversando el espíritu de la ley -esto lo sabe cualquiera que haya estudiado Medicina Legal- el daño eventual a la autoestima es causal suficiente para un aborto. ¿Qué diferencia hay entre esto y el aborto legal? De paso, en caso que la mujer arguya una violación, no se le pide ninguna prueba o evidencia, sino una declaración jurada “y no se podrá exigir a la persona que profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna”. Por lo tanto, el protocolo permite mentir impunemente para interrumpir un embarazo. Cabe preguntarse en qué lugar pone la misma dedicación a la exigencia del Código Penal en cuanto a la realización del aborto solo cuando “este peligro no pueda ser evitado por otros medios”.
Una tercera acción promovida por el Poder Ejecutivo argentino a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social fue la aprobación por la ANMAT del Misoprostol, droga abortiva recomendada por la OMS, facilitando los medios para el aborto, que es ilegal. La posterior compra pública de Misoprostol a su proveedor monopólico, Laboratorio Dominguez, por $14.938.560[6] sugiere la posición de las autoridades de dicho Ministerio frente al aborto.
Finalmente, y en lo que nos parece más doloroso, bajo excusas infantiles, se acaba de privar del apoyo estatal comprometido a la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Ya no se trata de alentar el aborto sino e imponer contra viento y marea la política oficial de desalentar el embarazo vulnerable. En 18 de diciembre de 2018 la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y la Fundación Vida en Familia firmaron un convenio para apoyo a la Red, que fue presentada el 6 de marzo de 2019 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, luego del evento, “la Profesora Evelyn Rodríguez, responsable de la Red y de la Fundación Vida en Familia, comenzó a recibir para su asombro, mensajes de WhatsApp del Secretario Castelli exigiéndole sorpresivamente firmara inmediatamente un anexo ‘no negociable’ al convenio ya firmado en diciembre del año pasado, y elaborado conjuntamente durante 9 meses”[7].
La profesora Rodríguez se negó a firmar el anexo “no negociable” sin antes ponerlo a consideración previamente a las doscientas instituciones que conforman la Red. El ultimátum que recibió de parte de las autoridades no concordaba con los nueve meses que tomó dar forma al convenio. ¿Por qué ese cambio repentino? Finalmente, el 14 de marzo se entera por los medios de la rescisión del convenio mencionado por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
CONCLUSIONES
Desde febrero de 2018, cuando abrió el debate a la legalización del aborto en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo declaró a la vez su neutralidad. Sin embargo, todas sus acciones la contradicen, pues los actos que enumeramos muestran y demuestran una posición claramente pro abortista:
1. El convenio con la Fundación Huésped facilita el adoctrinamiento infantil sobre el aborto, contrario a ley y a los derechos humanos declarados en el Pacto de San José de Costa Rica del cual la Argentina es signataria.
2. La defensa del protocolo que permite el asesinato del bebé intrauterino por causas banales, como el daño potencial a la autoestima de la mamá, como si el ego materno fuera más importante que la vida que lleva dentro.
3. La aprobación por el ANMAT y la posterior compra y distribución del misoprostol, droga abortiva por parte del Ministerio de Salud.
4. El sabotaje al convenio que apoyaba un 0800 gratuito para las mujeres con embarazo vulnerable.
No es necesario repetir que el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también se manifiesta abiertamente en contra de la ley vigente, decorando de pañuelos verdes, símbolo de los pro abortistas, la fachada de sus edificios.
¿Qué confianza genera un gobierno que dice una cosa y hace otra? ¿Qué respeto muestra a la democracia y a la histórica votación que rechazó la legalización del aborto? ¿Qué efecto produce en aquellos que creen que es obligación del Estado defender la Ley al observarlo facilitar los medios para violarla?
Creemos que las acciones oficialistas no son movidas por los valores o la ley, sino por el cálculo político. Parece seguir la máxima del escudo chileno, “por la razón o la fuerza”, pero creemos que estos actos lejos de fortalecer su aritmética electoral lo exponen al fracaso, porque la gente no vota solo por la grieta, sino por el respeto que le brindan y los derechos que realmente le importan.
© Pablo R. Bedrossian, 2019. Todos los derechos reservados.
REFERENCIAS:
[1] Ver nuestra nota “Por la razón o la fuerza: El convenio oficial con la Fundación Huésped y la promoción del aborto”, https://pablobedrossian.com/2018/08/28/por-la-razon-o-la-fuerza-el-convenio-oficial-con-la-fundacion-huesped-y-la-promocion-del-aborto-por-pablo-r-bedrossian/
[2] https://www.huesped.org.ar/noticias/tras-la-desaprobacion-de-la-ley-de-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/
[3] “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, p.11
[4] “Protocolo …” Op.cit., p.14
[5] “Protocolo …” Op.cit., p.15
[6] Contratación Directa que cursa bajo el proceso 80-0075-CDI18 bajo el nombre “Adquisición de Misoprostol 200 mcg”, https://www.eldisenso.com/informes/aborto-legal-en-el-hospital-carolina-stanley-invierte-15-millones-en-misoprostol/
[7] Según el Comunicado Oficial de la a Fundación Vida en Familia
El 11 de julio de 2018, mientras en el país se discutía con ardor la despenalización del aborto, ley de la cual el presidente Mauricio Macri había declarado ser neutral, el portal de noticias del gobierno argentino anunciaba que “el Ministerio de Educación de la Nación firmó un convenio de cooperación con Fundación Huésped para el trabajo conjunto entre ambas instituciones en materia de Educación Sexual Integral y prevención del embarazo no intencional en la adolescencia”
No voy a detenerme en los argumentos con los que justifican su posición de legalizar el asesinato de los argentinos por nacer, pero sí señalar que bajo la sombrilla de la palabra derechos, y siguiendo fielmente el libreto de los ideólogos de género, en esa declaración intentan estigmatizar a sus oponentes sosteniendo que sus argumentos fueron meramente “morales o metafísicos”. Para ello se ven forzados a ignorar deliberadamente que, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, muchos médicos -como es mi caso- y otros hombres de ciencia ateos y cristianos nos oponemos al aborto por razones científicas y de derechos humanos
Desde luego, hasta aquí solo se trata de opiniones. Sin embargo, la Fundación Huésped afirma en la nota sobre la derrota en el Senado que seguirán “trabajando para que el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo se aplique en cada provincia del país, para que la Educación Sexual Integral se incorpore en todos los niveles de todas las escuelas”. Por eso, la firma de un convenio educativo entre el Ministerio de Educación y una entidad declaradamente opuesta a una ley del Estado relacionada, provee los medios para prediquen sus dogmas, en particular sobre el aborto, y en general sobre ideología de género a niños y adolescentes, sin respetar la legislación vigente, ni el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Los argentinos no somos ingenuos y hemos padecido otros Caballos de Troya, con la complicidad, desde luego, de las autoridades de turno.