¿SOLIDARIDAD O IMPUESTAZO? (por Pablo R. Bedrossian)

“Es fácil ser solidario con dinero ajeno” (palabras de un jubilado al Presidente de la Nación)

Al asumir el nuevo gobierno argentino se enfrentó a una grave situación social y económica. La Ley de Emergencia Económica no era una opción: era una necesidad. Un país endeudado con caída de su PBI no puede insistir en fórmulas que condujeron al fracaso. Había dos posiciones extremas: achicar el enorme gasto público o aumentar la insoportable carga impositiva. Como siempre, el peso recayó sobre aquellos que producen.

Sin embargo, mi intención no es opinar acerca de la política económica de un gobierno que recibe una pesada herencia (aunque no olvido las palabras de la expresidenta Cristina Kirchner cuando el 6 de octubre de 2016 dijo “si es tan pesada la herencia, que la devuelvan”), pues debe ser juzgada por sus resultados y no por la ideología política. Además, deseo que tenga el mayor de los éxitos para bien de todos. Mi propósito es, en cambio, examinar si la bandera de la solidaridad que el gobierno levanta es cierta y justa.

En un debate en una red social, un conocido que adhiere al actual gobierno escribió “encima les molesta la palabra solidaridad … algo que Jesus nos enseñó mucho”. Aunque Jesús no usó la palabra solidaridad, es cierto que el concepto está implícito en las palabras y el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, en nuestra traducción del evangelio de Mateo en tres ocasiones se habla de la compasión de Jesús (Mateo 9:34, 14:14 y 15:32). Además, en el Sermón del Monte hay un llamado a la misericordia muy fuerte. De paso, Hitler decía que “la compasión es una debilidad cristiana”. Creo todo lo contrario: es una de sus fortalezas.

Pero, ¿tiene nuestro amigo razón? Para ello debemos preguntarnos si la solidaridad de la que habla el gobierno es la misma de la que habló Jesús. El Diccionario de la Real Academia Española define solidaridad como “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”. No habla de obligación ni de fuerza: adherir es una decisión voluntaria. Hace muchos años Samuel Libert, con su habitual lucidez, escribió “Jesús nunca dijo al que tiene dos capas quítale una”. La solidaridad forzada no es solidaridad; es violencia por cuanto obliga bajo pena de castigo al que no cumpla. Repito: es violencia incluso aunque esté dentro de la ley. Por favor, no se me malinterprete. Estoy de acuerdo con pagar impuestos cuando retornan en servicios para todos; incluso en situaciones críticas, entiendo que deban tomarse medidas extraordinarias en favor de “los que menos tienen” (pareciera que para los políticos usar el término pobres solo es oportuno durante la campaña electoral), pero veo mal utilizar falazmente una palabra noble para disfrazar la extracción forzada de bienes de unos -los que trabajan y producen- en favor de otros. Además, parte de esos bienes no irá a sus supuestos destinatarios sino a los bolsillos de políticos corruptos. Creo que el gobierno debería crear trabajo en lugar de los famosos planes.

Ya hemos demostrado que la bandera de la solidaridad es falsa. Nos queda preguntarnos si el impuestazo es justo. Comencé diciendo que era necesario, entendiendo que situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. La necesidad no implica justicia. ¿Tiene el Estado el derecho de imponernos cualquier tipo de impuestos? Alguien diría que si el Congreso representa al pueblo y aprueba una ley enviada por el Ejecutivo entonces sería justa. Yo diría que es legal, pero no necesariamente justa. Si bien la justicia es subjetiva, ¿hasta qué punto un gobierno tiene derecho de tomar de la propiedad privada de sus ciudadanos, de su trabajo y de su esfuerzo, para darlos a otros sin exigir nada a cambio? ¿Acaso no lo usa para clientelismo? ¿Su única forma de ayudar es castigar a los que trabajan y producen? ¿No sería mejor administrar reduciendo el gasto público? No me refiero a despedir gente (lo que en este momento agravaría el problema) sino a realizar compras más eficientes y desprenderse de activos que no producen. ¿No sería mejor poner incentivos a la exportación en lugar de castigarla? Aunque es tabú en la Argentina, ¿no sería mejor flexibilizar las condiciones de contratación para generar pleno empleo? Las actuales leyes claramente favorecen al que tiene empleo, pero castigan al que no lo tiene pues nadie quiere contratar a personas que pueden demandar por razones banales sin que haya una legítima causa. ¿Por qué en lugar de pagar subsidios de desempleo el Estado no da trabajo temporal a esas personas a cambio de ese dinero?

Nadie puede ignorar la precaria situación en la que viven personas. Hace poco me llamó un hermano que vive en el Partido de La Matanza, contándome la persecución que estaba padeciendo a causa de un préstamo que no pagó puntualmente a un usurero. La necesidad obliga a muchas familias a entrar a círculos de deudas de las cuales no pueden salir. Ante esa realidad, la iglesia tiene la oportunidad de dar testimonio de su fe. Muchas ya lo están haciendo: abren sus templos en la semana, sirven almuerzos y meriendas, proveen ropa, dan alojamiento temporal y cubren necesidades espirituales y emocionales de las personas que se acercan. No hay mayor contradicción que hablar de Jesús y cerrar los ojos a la necesidad. Aunque veamos la política en general como un negocio y a la mayoría de los políticos a delincuentes con licencia para robar, eso no nos da derecho a estar ausentes donde hay una necesidad real. No se trata de lo que quita por la fuerza un gobierno sino de lo que estamos dispuestos a dar solidariamente a los demás.

© Pablo R. Bedrossian, 2020. Todos los derechos reservados.

LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA Y JUBILACIONES: TODOS LOS ARGENTINOS SON IGUALES PERO ALGUNOS MÁS IGUALES QUE OTROS (por Pablo R. Bedrossian)

La Ley de Emergencia Económica no era una opción: era una necesidad. Un país endeudado con caída de su PBI no puede darse el lujo de no hacer recortes. Desde luego, había dos posiciones extremas: achicar el enorme gasto público o aumentar la insoportable carga impositiva. Como siempre, el peso recayó sobre el pueblo.

Aún con la dolorosa obligación impositiva sobre quienes producen, las medidas extremas pueden entenderse debido a la gravedad de la situación. Sin embargo, hay un hecho crucial, que no debe pasar inadvertido, que muestra y demuestra la inequidad de la Ley: se trata de la suspensión de la movilidad de las jubilaciones.

Hasta la reciente ley, las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentaban cuatro veces por año, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre (Ley 27.426) y se calculaba en base a dos variables: El 70% dependía del Índice de Precios al Consumidor del INDEC y el 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)[1].

La Ley recién sancionada, denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, en sus artículos 55 y 56 congela por 180 días los aumentos a los jubilados que fijaba la ley anterior y faculta al Poder Ejecutivo para fijar incrementos trimestrales de los haberes previsionales, sin establecer su fórmula. Se castiga así a los jubilados, quienes, junto a los niños, son los más indefensos del sistema. Pero aún estas medidas podrían admitirse como un camino de salida a la gravísima situación económica y financiera que atraviesa el país si se aplicaran en forma igualitaria para todos.

SI NO SON PARA TODOS, NO SON DERECHOS: SON PRIVILEGIOS

El flamante vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, afirmó en una entrevista radial que le hizo Luis Novaresio que “a Alberto Fernández no lo votaron para que le aumente la jubilación al que gana $80.000”[2]. Sin embargo, parece que a Tombolini se le escapó la tortuga, pues las jubilaciones de privilegio quedaron excluidas de la suspensión.

A los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos -según el propio texto-, el Artículo 51 del proyecto original incluía la suspensión de los “artículos 1°, 10 y 13 de la Ley N° 24.018”, referidos a la movilidad jubilatoria de quienes fueron presidentes, vicepresidentes, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, los parlamentarios introdujeron cambios en aquel Artículo 51 que pasó a ser el Artículo 55 del nuevo texto: quitaron esa frase con el propósito de beneficiar a ciertos argentinos sobre otros. De paso, no solo privilegiaron a estos funcionarios: como si hubiera trabajadores de primera y de segunda, también quedaron excluidos de la suspensión los docentes nacionales y universitarios e investigadores científicos. ¿Por qué no los monotributistas, los metalúrgicos, el personal de la salud o los camioneros?

Digamos que los expresidentes actuales no son los más necesitados. Basta ver la declaración de bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri. La jubilación especial para los expresidentes es la misma que reciben por todo concepto los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente $341.709 mensuales. Según varias publicaciones periodísticas, los que trabajaron y aportaron al Poder Judicial, excluidos del perjuicio que aplica la Ley de Emergencia Económica, reciben un promedio mensual de $224.734[3].

Recuerdo una frase de Néstor Kirchner en ocasión de la Ley de Matrimonio Igualitario, “derechos iguales para todos”. ¿Esa frase se utiliza solo cuando conviene? Esta lamentable situación, que hubiera sido tolerada si el esfuerzo hubiera sido equitativo, produce una profunda indignación porque, como en la granja de Orwell, pareciera que en la Argentina todos los ciudadanos son iguales, pero algunos más iguales que otros.

© Pablo R. Bedrossian, 2019. Todos los derechos reservados.


REFERENCIAS

[1] https://www.anses.gob.ar/informacion/movilidad-de-jubilaciones-y-pensiones (última revisión del 25/11/2019)

[2] https://www.infobae.com/economia/2019/12/19/tombolini-nuevo-vice-del-banco-nacion-a-alberto-no-lo-votaron-para-que-le-aumente-la-jubilacion-al-que-gana-80000/

[3] Por ejemplo, https://www.ambito.com/politica/justicia/jubilaciones-privilegio-quienes-y-cuanto-cobran-los-beneficiarios-n5072517 y https://tn.com.ar/economia/jubilaciones-de-privilegio-quienes-son-los-beneficiarios-y-cuanto-cobran_1020274

EL MINISTRO GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA Y LOS ANTIDERECHOS (por Pablo R. Bedrossian)

“Los antiderechos siempre usan cualquier tipo de argumentos y hasta la Justicia para que no se cumpla la ley”. Con estas contundentes declaraciones el flamante Ministro de Salud argentino, el Dr. Ginés González García, se refirió a las personas que se oponen a la despenalización del aborto y a la aplicación de las reformas al protocolo de interrupción legal del embarazo. Estas declaraciones fueron reproducidas en las ediciones digitales de los diarios Página 12[1] y Clarín[2] del 13 de diciembre de 2019.

No es mi intención referirme al tema del aborto, sino a la calificación de antiderechos que el nuevo ministro ha realizado de aquellos que no piensan como él.

En primer lugar, sus declaraciones son graves pues no hay justificación alguna para que un funcionario público llame antiderechos a sus conciudadanos cuando actúan ejerciendo sus derechos, salvo que la intención del ministro sea cercenarlos. Si lo hiciera en forma privada se entendería, pero como parte del Poder Ejecutivo no parece un proceder democrático sino autoritario, cercano al del lenguaje que utilizan las dictaduras. En una democracia los gobernantes deben someterse la Ley, aunque no les guste, y respetar los derechos consagrados en ella.

Además, el ministro ignora deliberadamente los argumentos de los que él llamó antiderechos, que no son ni políticos ni religiosos como él adujo en la misma entrevista sino científicos y legales. Es un hecho demostrado por toda la evidencia científica que la vida de un ser humano comienza en el momento de la concepción, con un ADN único que le da identidad propia. Sus derechos están protegidos de múltiples maneras en nuestro sistema legal; por ejemplo, el Código Civil argentino sancionado durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner dice: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”[3]. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (más conocida como Pacto de San José de Costa Rica) dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” [4]. Recordemos que el artículo 75 de la reforma de la Constitución Nacional sancionada en 1994 establece que los tratados internacionales son superiores a las leyes nacionales y que determinados tratados internacionales en materia de derechos humanos poseen jerarquía constitucional[5].

En base a lo expuesto, el que actúa en forma arbitraria (independientemente de su legalidad o no) ¿no es el ministro? ¿Quién es el que no cumple con la Ley? ¿Quién es el antiderechos? Alguno objetará que el ministro se ampara en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2012, sin embargo, el protocolo con los cambios puestos en vigencia por él no se desprende necesariamente de dicho fallo. Más bien, tal como el que estaba vigente, provee los medios para que cualquier mujer aborte, aunque no haya sido violada o corra riesgo su vida, desconociendo la decisión del Congreso Argentino que, en 2018, tras un amplio y minucioso debate, rechazó la ley que despenalizaría el aborto.

Que un funcionario público llame antiderechos a conciudadanos que en el ejercicio de sus derechos constitucionales solicitan lo que consideran el cumplimiento de la ley es un acto de gravedad inaudita en la Argentina, que lo alejan del discurso conciliador del nuevo Presidente de los argentinos, Alberto Fernández, cuando dijo “quiero iniciar estas palabras reivindicando mi compromiso democrático que garantice entre todos los argentinos, más allá de sus ideologías, la convivencia en el respeto a los disensos”[6]y lo acercan a las tiranías y a las dictaduras que los argentinos creíamos haber superado.

© Pablo R. Bedrossian, 2019. Todos los derechos reservados.


NOTA:

Para aquellos interesados en el documento “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo Actualización 2019” lo pueden descargar de diversos sitios online, por ejemplo de http://reddejueces.com/wp-content/uploads/2019/11/anexo_5891186_1-interrupci%C3%B3n-embarazo-protocolo.pdf

Para un análisis crítico de dicho protocolo recomiendo leer “Análisis del Protocolo de Abortos No Punibles 2019”, Centro de Bioética, Persona y Familia, con la colaboración de PRODECI, Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, publicado el 15 de diciembre de 2019, que puede leerse y descargarse online del sitio https://centrodebioetica.org/analisis-del-protocolo-de-abortos-no-punibles-2019-2/


REFERENCIAS

[1] https://www.pagina12.com.ar/236356-el-ministro-de-salud-ratifico-la-publicacion-del-protocolo-p

[2] https://www.clarin.com/politica/gines-gonzalez-garcia-antiderechos-usan-cualquier-tipo-argumento-cumpla-ley-_0_bxRkZgPh.html

[3] Código Civil Argentino, Ley 26994, 2014, Libro Primero, Capítulo 1, Artículo 19, Capítulo 1, Comienzo de la existencia.

[4] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Capítulo II, Derechos Civiles y Políticos, Artículo 4.1. Además, bajo esa consigna debe leerse el derecho reconocido en el Artículo 3 “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

[5] Constitución Nacional Argentina, artículo 75, apartados 22 y 23.  

[6] El texto complete del discurso puede leerse completo, por ejemplo, en https://www.lavoz.com.ar/politica/discurso-completo-de-alberto-fernandez-al-asumir-como-presidente