EL GOBIERNO ARGENTINO Y EL ABORTO: LA LEY Y LAS TRAMPAS (por Pablo R. Bedrossian)

Ante el fracaso de su programa económico y en un intento desesperado de ganar espacios y mostrarse progresista, en 2018 el gobierno argentino impulsó el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como Ley del Aborto.

Queremos suponer que por error de cálculo, y no por ingenuidad, la iniciativa fracasó pese a la presión ejercida desde el Poder Ejecutivo, que se había declarado supuestamente neutral, sobre diputados provida que cambiaron a último momento su voto. El rechazo por parte del Senado se debió no solo a la posición de la mayoría de las provincias, sino a la Marcha por la Vida, una multitudinaria manifestación en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada de marchas simultáneas en otras 117 ciudades argentinas, realizada el 17 de marzo de 2018, que puso en evidencia el poder de convocatoria de las iglesias evangélicas -principales motores de la actividad- cuya lealtad a los principios bíblicos en defensa de la vida está por encima de sus simpatías políticas (marchas similares acaban de realizarse en 2019 en todo el país, con más de 300,000 participantes en la Ciudad de Buenos Aires).

Sin embargo, el gobierno argentino insistió en impulsar la interrupción legal del embarazo a través de diferentes acciones, de las cuales queremos señalar cuatro. La primera, la firma el 11 de julio de 2018 del convenio de cooperación entre la Fundación Huésped, declarada abiertamente pro abortista, y el Ministerio de Educación[1]. Tras la derrota en el Senado, esta entidad declaró en su sitio web: “Esta noche no perdimos. En las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ganó, y de eso no hay retorno…”[2]. Al abrirle las escuelas, el gobierno proveyó los medios a esta entidad para predicar sus dogmas, en particular sobre el aborto a pesar que va en contra de la ley vigente y de la Declaración Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

La segunda acción es la defensa a ultranza del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Interpretando el artículo 86 del Código Penal, el protocolo establece cuatro causales para el aborto legal: 1) el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; 2) el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; 3) el embarazo proviene de una violación; 4) el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental[3]. El protocolo lleva a extremos una resolución de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la mujer que solicite el aborto no necesita la autorización de un juez: “si se considerara necesario compartir la información con terceros –incluidos esposo, compañero/a, padre, madre– debe hacerse con la autorización expresa de la mujer, otorgada de manera libre y de forma clara”[4]. De modo que el padre del embrión es privado de sus derechos y si quien solicita el aborto es una menor de 14 a 17 años, sus padres no pueden enterarse sin su consentimiento explícito. El protocolo también se aplica en casos de riesgo de “dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima”[5], amparándose en una definición de salud de 2006 de la OMS bajo la cual reinterpreta el texto del Código Penal de 1984. Por lo tanto, tergiversando el espíritu de la ley  -esto lo sabe cualquiera que haya estudiado Medicina Legal- el daño eventual a la autoestima es causal suficiente para un aborto. ¿Qué diferencia hay entre esto y el aborto legal?  De paso, en caso que la mujer arguya una violación, no se le pide ninguna prueba o evidencia, sino una declaración jurada “y no se podrá exigir a la persona que profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna”. Por lo tanto, el protocolo permite mentir impunemente para interrumpir un embarazo. Cabe preguntarse en qué lugar pone la misma dedicación a la exigencia del Código Penal en cuanto a la realización del aborto solo cuando “este peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

Una tercera acción promovida por el Poder Ejecutivo argentino a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social fue la aprobación por la ANMAT del Misoprostol, droga abortiva recomendada por la OMS, facilitando los medios para el aborto, que es ilegal. La posterior compra pública de Misoprostol a su proveedor monopólico, Laboratorio Dominguez, por $14.938.560[6] sugiere la posición de las autoridades de dicho Ministerio frente al aborto.

Finalmente, y en lo que nos parece más doloroso, bajo excusas infantiles, se acaba de privar del apoyo estatal comprometido a la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Ya no se trata de alentar el aborto sino e imponer contra viento y marea la política oficial de desalentar el embarazo vulnerable. En 18 de diciembre de 2018 la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y la Fundación Vida en Familia firmaron un convenio para apoyo a la Red, que fue presentada el 6 de marzo de 2019 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, luego del evento, “la Profesora Evelyn Rodríguez, responsable de la Red y de la Fundación Vida en Familia, comenzó a recibir para su asombro, mensajes de WhatsApp del Secretario Castelli exigiéndole sorpresivamente firmara inmediatamente un anexo ‘no negociable’ al convenio ya firmado en diciembre del año pasado, y elaborado conjuntamente durante 9 meses”[7]. 

La profesora Rodríguez se negó a firmar el anexo “no negociable” sin antes ponerlo a consideración previamente a las doscientas instituciones que conforman la Red. El ultimátum que recibió de parte de las autoridades no concordaba con los nueve meses que tomó dar forma al convenio. ¿Por qué ese cambio repentino? Finalmente, el 14 de marzo se entera por los medios de la rescisión del convenio mencionado por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

CONCLUSIONES

Desde febrero de 2018, cuando abrió el debate a la legalización del aborto en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo declaró a la vez su neutralidad. Sin embargo, todas sus acciones la contradicen, pues los actos que enumeramos muestran y demuestran una posición claramente pro abortista:

1. El convenio con la Fundación Huésped facilita el adoctrinamiento infantil sobre el aborto, contrario a ley y a los derechos humanos declarados en el Pacto de San José de Costa Rica del cual la Argentina es signataria.

2. La defensa del protocolo que permite el asesinato del bebé intrauterino por causas banales, como el daño potencial a la autoestima de la mamá, como si el ego materno fuera más importante que la vida que lleva dentro.

3. La aprobación por el ANMAT y la posterior compra y distribución del misoprostol, droga abortiva por parte del Ministerio de Salud.

4. El sabotaje al convenio que apoyaba un 0800 gratuito para las mujeres con embarazo vulnerable.

No es necesario repetir que el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también se manifiesta abiertamente en contra de la ley vigente, decorando de pañuelos verdes, símbolo de los pro abortistas, la fachada de sus edificios.

¿Qué confianza genera un gobierno que dice una cosa y hace otra? ¿Qué respeto muestra a la democracia y a la histórica votación que rechazó la legalización del aborto? ¿Qué efecto produce en aquellos que creen que es obligación del Estado defender la Ley al observarlo facilitar los medios para violarla?

Creemos que las acciones oficialistas no son movidas por los valores o la ley, sino por el cálculo político. Parece seguir la máxima del escudo chileno, “por la razón o la fuerza”, pero creemos que estos actos lejos de fortalecer su aritmética electoral lo exponen al fracaso, porque la gente no vota solo por la grieta, sino por el respeto que le brindan y los derechos que realmente le importan.

© Pablo R. Bedrossian, 2019. Todos los derechos reservados.


REFERENCIAS:

[1] Ver nuestra nota “Por la razón o la fuerza: El convenio oficial con la Fundación Huésped y la promoción del aborto”, https://pablobedrossian.com/2018/08/28/por-la-razon-o-la-fuerza-el-convenio-oficial-con-la-fundacion-huesped-y-la-promocion-del-aborto-por-pablo-r-bedrossian/

[2] https://www.huesped.org.ar/noticias/tras-la-desaprobacion-de-la-ley-de-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/

[3] “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, p.11

[4] “Protocolo …” Op.cit., p.14

[5] “Protocolo …” Op.cit., p.15

[6] Contratación Directa que cursa bajo el proceso 80-0075-CDI18 bajo el nombre “Adquisición de Misoprostol 200 mcg”, https://www.eldisenso.com/informes/aborto-legal-en-el-hospital-carolina-stanley-invierte-15-millones-en-misoprostol/

[7] Según el Comunicado Oficial de la a Fundación Vida en Familia

TRES DERECHOS QUE VIOLA LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL BASADA EN IDEOLOGÍA DE GÉNERO (por Pablo R. Bedrossian)

Se supone -quizás con ingenuidad- que los gobiernos elegidos por voto no actuarán como si fueran dictaduras, pues traicionarían el mandato otorgado por el pueblo. Por ello hay derechos que no se escriben: son tan obvios que se dan por sentado, como el derecho a respirar.

Algunos de estos derechos tan elementales están actualmente bajo amenaza, particularmente en los niños. Mediante un disfraz de pluralismo y derechos humanos, se presenta un dogma que no solo carece de sustento científico sino que precisamente contradice ambas consignas: es exclusivista y viola derechos humanos tan básicos como la libertad de pensamiento y expresión; nos referimos a la ideología de género.

La ideología de género, que en la práctica es impartida en escuelas argentinas bajo la bandera de educación sexual integral (ESI), ahora quiere ser impuesta en forma absoluta y totalitaria mediante las modificaciones a la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, propuestas por las comisiones de Educación, Familia, Mujer y Minoridad del Congreso de la Nación, para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Desde luego, estamos de acuerdo con la educación sexual integral en las escuelas, pero sus contenidos deben estar basados en evidencias científicas y no en manipulaciones o en enunciados sin fundamento, deben respetar los derechos del niño y de sus padres y los idearios de las instituciones que ellos han elegido, estableciendo consensos con toda la comunidad educativa.

Tanto las modificaciones que se han propuesto a la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral como la práctica extendida de adoctrinamiento de género que realizan algunos docentes, violan por lo menos tres derechos básicos de los niños:

  1. EL DERECHO A LA INTIMIDAD

La intimidad es aquello que conocemos de nosotros mismos que no queremos que conozcan los demás. Preservamos nuestra intimidad de muchas maneras. Por ejemplo, nos vestimos porque no deseamos que los demás nos vean desnudos.

La enseñanza temprana sobre como tener relaciones sexuales (bajo la falsa consigna de “hacer el amor”, cuando muchas veces no hay amor en el sexo) viola otro derecho natural: el derecho al autodescubrimiento, estrechamente ligado al derecho a la intimidad. No se puede forzar a niños y niñas de corta edad a ver una erección, como se muestra en el video al que fueron expuestos en clase niños de 8 y 9 años en Córdoba, y menos sin el consentimiento de los padres. De paso, el inicio del video, una santa abuelita, como buen Caballo de Troya no sugiere lo que realmente se muestra después. Comparto la noticia donde se proyectan las imágenes a las que hago referencia (por favor, vea el video completo):

De hecho, aunque sean dibujos animados es pornografía pues representa escenas de actividad sexual. ¿Esos docentes no se preguntan cómo impactan emocionalmente esos contenidos “educativos” a esa temprana edad, donde ni el niño ni la niña siquiera están biológicamente desarrollados para una relación sexual? ¿No se dan cuenta que puede ser perturbador? Quieren obligar por la fuerza a que el niño vea cómo tener sexo sin permitirle elegir ni a él ni a sus padres el momento oportuno.

El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas dice: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia… Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. En los mismos términos se expresa el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (más conocido como Pacto de San José de Costa Rica), a la cual la República Argentina ha adherido. Nadie y menos aún el Estado tiene derecho a ninguna injerencia en la vida privada.

  1. EL DERECHO A LA VERDAD

La ideología de género presenta sus dogmas como verdades indiscutibles, pese que carecen de fundamentos genéticos, anatómicos y fisiológicos. Presenta lo que para muchos no es normal como si lo fuera. Oculta toda la evidencia biológica divorciando caprichosamente el sexo del género, como si el ojo no fuera para la vista. Presenta la autopercepción como un signo de normalidad cuando sus acólitos consideran enfermo a quien se autopercibe como Napoleón o como un perro y no le asignan los mismos derechos. La ideología de género ignora deliberadamente la ruptura que puede haber en el yo, tal como describe la psiquiatría clásica.

Ante la debilidad de sus argumentos, sus apóstoles han elegido la fuerza y la propaganda, no la razón, para imponer sus doctrinas, convirtiéndose a un equivalente de la Iglesia Católica medieval, asistidos por instrumentos legales que actúan como una Inquisición que persigue a todos aquellos que piensan diferente. De paso, nótese la posición del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) de Santa Fe, frente al aborto, con su fachada cubierta por pañuelos verdes; solo defienden los derechos de los que piensan como ellos. La verdad se debe encontrar en el debate respetuoso, no en la imposición de cumplimiento obligatorio por parte de un gobierno.

INADI de Santa Fe.jpg
Fachada del INADI de Santa Fe durante el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como Ley del Aborto. Según las autoridades los pañuelos verdes fueron decisión de los trabajadores, como si ellos no tuvieran responsabilidades. ¿Qué mujer interpondría allí una denuncia si se trata de defender la vida de su bebé por nacer? ¿Qué trabajador la atendería?

  1. EL DERECHO A LA LIBERTAD

Precisamente, el miedo a la verdad -tal como en las peores dictaduras- lleva a imponer y no a debatir y consensuar los contenidos de la Educación Sexual Integral. Para ello, los ideólogos de género no solo se han infiltrado en las esferas educativas, sino que se han esmerado en obtener legislaciones que proscriben la disidencia, bajo la excusa de la discriminación y la inclusión.

De ese modo, privan a los niños de la libertad de elegir sin prejuicios: los inducen a pensar y a creer de un único modo acerca del sexo aunque contradiga sus sensaciones más elementales. Este lavado cerebral temprano, realizado a una edad donde el pensamiento crítico recién comienza a desarrollarse, pretende implantar un dogma como si fuera la única verdad, impidiendo que el niño forme a medida que crece sus propias convicciones. Paradójicamente, en nombre de la libertad se la niegan… ¿desde cuándo libertad significa pensar de una única manera?

Resumiendo, la democracia está bajo amenaza cuando desde el Estado se quiere imponer el pensamiento único; mucho más lo está cuando sus víctimas son los niños. Son muchos los que hoy han abierto los ojos y resisten. Es urgente que los gobernantes comprendan que incluir dogmas sin evidencia científica como si fueran verdades absolutas convierten su gestión en una dictadura.

© Pablo R. Bedrossian, 2018. Todos los derechos reservados.

POR LA RAZÓN O LA FUERZA: EL CONVENIO OFICIAL CON LA FUNDACIÓN HUÉSPED Y LA PROMOCIÓN DEL ABORTO (por Pablo R. Bedrossian)

Esta curiosa frase, que se encuentra en el escudo de Chile, parece ser el emblema de muchas organizaciones políticas que disfrazadas bajo banderas como derechos humanos y democracia están decididas a cumplir sus fines “por las buenas o por las malas”. Para ellos, los fines justifican los medios. Ignoran los derechos humanos de los demás -incluso están dispuestos a violarlos-, asumiendo un mesianismo por el cual se sienten empoderados para imponer a otros su doctrina. Más preocupante aún es cuando instituciones del Estado actúan aliándose con ellos.

Convenio Fundación Huésped -Ministerio de Educación 01.jpgEl 11 de julio de 2018, mientras en el país se discutía con ardor la despenalización del aborto, ley de la cual el presidente Mauricio Macri había declarado ser neutral, el portal de noticias del gobierno argentino anunciaba que “el Ministerio de Educación de la Nación firmó un convenio de cooperación con Fundación Huésped para el trabajo conjunto entre ambas instituciones en materia de Educación Sexual Integral y prevención del embarazo no intencional en la adolescencia”[1].

LOS DUEÑOS DEL BIEN COMÚN

La Fundación Huésped es ampliamente conocida por su labor en la lucha contra el SIDA. Ha sido pionera en ese campo y trabajado tanto en la prevención como en el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, ha ido más allá de su rol sanitario -sin duda, extraordinario-, y se ha declarado abiertamente pro abortista. Incluso, tras la derrota en el Senado, donde la representación popular rechazó por amplio margen la despenalización del aborto, la Fundación dirigida por el Lic. Leandro Cahn en su sitio web declaró: “Esta noche no perdimos. En las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ganó, y de eso no hay retorno… El movimiento de mujeres tiene una fuerza irreversible. Logra reunir en un solo grito el reclamo por un derecho que históricamente fue negado. La marea verde arrasa y nos transforma”[2].

MESIANISMO ABORTERO

Senado Argentino.jpgNo voy a detenerme en los argumentos con los que justifican su posición de legalizar el asesinato de los argentinos por nacer, pero sí señalar que bajo la sombrilla de la palabra derechos, y siguiendo fielmente el libreto de los ideólogos de género, en esa declaración intentan estigmatizar a sus oponentes sosteniendo que sus argumentos fueron meramente “morales o metafísicos”. Para ello se ven forzados a ignorar deliberadamente que, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, muchos médicos -como es mi caso- y otros hombres de ciencia ateos y cristianos nos oponemos al aborto por razones científicas y de derechos humanos[3], muy distintos a los derechos que ellos reclaman. Además, quiero resaltar el desprecio que han demostrado por la opinión ajena, en particular por las ideas vertidas por los senadores en representación del pueblo al afirmar “No logramos en esta oportunidad que una mayoría de las y los Senadores haga a un lado sus creencias personales y religiosas para pensar en el bien común”. ¿Acaso creen que los senadores son ignorantes cuando sostienen que la vida comienza en el momento de la concepción y que el aborto voluntario implica terminar en forma violenta con la vida intrauterina?  ¿No es acaso un pensamiento mesiánico el de aquel que se cree dueño de la verdad, y siendo juez y parte se atribuye el patrimonio de establecer qué es el bien común?

CABALLO DE TROYA

Leandro CahnDesde luego, hasta aquí solo se trata de opiniones. Sin embargo, la Fundación Huésped afirma en la nota sobre la derrota en el Senado que seguirán “trabajando para que el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo se aplique en cada provincia del país, para que la Educación Sexual Integral se incorpore en todos los niveles de todas las escuelas”. Por eso, la firma de un convenio educativo entre el Ministerio de Educación y una entidad declaradamente opuesta a una ley del Estado relacionada, provee los medios para prediquen sus dogmas, en particular sobre el aborto, y en general sobre ideología de género a niños y adolescentes, sin respetar la legislación vigente, ni el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Los argentinos no somos ingenuos y hemos padecido otros Caballos de Troya, con la complicidad, desde luego, de las autoridades de turno.

POR LA RAZÓN O LA FUERZA

¿Por qué el gobierno nacional ha elegido en un tema tan sensible a una entidad que se opone a una ley del Estado? ¿Qué compromisos tiene y con quién? Si creemos en la democracia, entonces respetemos las decisiones populares que le han dicho claramente no a la despenalización del aborto, y, en caso de firmar convenios, que se haga con aquellas instituciones respetuosas de la Ley que trabajan no solo por apoyar a la mujer en situación de riesgo sino a los hijos que llevan dentro de ellas. Digamos basta a vivir en el reino del revés.

© Pablo R. Bedrossian, 2018. Todos los derechos reservados.


REFERENCIAS

[1] https://www.argentina.gob.ar/noticias/convenio-de-colaboracion-con-fundacion-huesped

[2] https://www.huesped.org.ar/noticias/tras-la-desaprobacion-de-la-ley-de-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/

[3] https://pablobedrossian.com/2018/08/02/el-comienzo-de-la-vida-humana-por-pablo-r-bedrossian/

¿POR QUÉ EL GOBIERNO ARGENTINO APOYÓ LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO? (por Pablo R. Bedrossian)

El Poder Ejecutivo celebró como una victoria la aprobación por la Cámara de Diputados de Ley de Despenalización del Aborto, aunque haya sido por una mínima diferencia.  ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales el gobierno decidió quebrar la neutralidad que declaraba?

No voy a detenerme en la información que recibimos durante la noche de la votación, que sostenía que tres diputados abortistas presionaban a sus compañeros de banca para cambiar sus votos. Tampoco las sospechosas razones por las cuales el gobernador pampeano Carlos Verna convenció a dos diputados que defendían las dos vidas a darse vuelta como una tortilla.

Aborto 01.jpgTampoco me voy a enfocar en los derechos humanos de los niños por nacer que viola la nueva ley, ni en el reclamo de las feministas a decidir sobre un cuerpo que no es suyo o en la sobrada evidencia científica que demuestra que la vida comienza en el momento de concepción.

Me he propuesto no abordar esos medios de “persuasión” ni los argumentos utilizados, sino las razones que tendría el Poder Ejecutivo para impulsar esta polémica ley y apoyar la despenalización del aborto. Quiero presentar estas breves hipótesis y dejar que el tiempo demuestre si son ciertas o meras especulaciones.

1. El cálculo político. El desastre económico que se abate sobre la Argentina ha reducido severamente los índices de aprobación de la gestión presidencial. Sabiendo que el oficialismo pretende la reelección, la propuesta tuvo un doble propósito: distraer al pueblo de la realidad de la galopante inflación y ganar voluntades dentro de la oposición. Si esto es así, imaginamos detrás se encuentra el pensamiento estratégico del asesor presidencial Jaime Durán Barba, el extranjero más influyente en la política argentina.

Resultado de imagen para MACRI PAPA2. Una vendetta contra el Papa. Francisco I, el ex cardenal argentino Jorge Bergoglio, a pesar de las humillaciones recibidas de los Kirchner siempre privilegió la relación con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner sobre la que podía construir con Mauricio Macri. Con este gesto el actual presidente no solo le pasaría una factura al sumo pontífice, sino que pondría en evidencia que un catolicismo no alineado en la Argentina no será favorecido de ninguna manera.

3. Un avance en la guerra silenciosa contra Cristina Kirchner, la única opositora que conserva un caudal electoral capaz de desafiar al oficialismo. Recordamos que la ex presidente se negó a realizar el traspaso presidencial en los términos que pedía el candidato electo y que el actual Poder Ejecutivo ha formulado graves denuncias de corrupción contra su administración. Como Cristina no permitió el debate durante sus mandatos e incluso se manifestó en contra del aborto, Macri quiso presentarse como el verdadero representante de la voluntad popular. Sin embargo, en una sagaz jugada estratégica, durante el proceso de discusión, la lideresa del Frente para la Victoria cambió su posición en favor de la Ley.

Macri 02 pañuelo verde.png4. Un falso progresismo. Aunque esta es la más débil de las hipótesis, la insistencia del actual presidente de convertir a la Argentina en un país moderno podría complementar los otros motivos. Se ha publicado que de los 50 países que la ONU considera desarrollados, 41 permiten el aborto, entonces no debería sorprendernos que pretenda sumarse a la lista. De paso, si bien es cierto que en esas naciones se ha reducido la tasa de abortos, un informe de la prestigiosa revista médica británica The Lancet y el Guttmacher Institute (una ONG que promueve el aborto como derecho) demuestra esta reducción que no se ha debido a su despenalización sino a una mayor disponibilidad y uso de la anticoncepción moderna, algo totalmente diferente y sobre lo cual hay un amplio acuerdo.

Si el gobierno generó este debate para distraer a la gente de la debacle económica – herencia del gobierno anterior que no ha podido resolver-, todas las evidencias indican que inclinó la balanza a favor de la despenalización para obtener un rédito político. No perderá votos porque tanto en su partido como en otros, hubo diputados a favor y en contra, y en Argentina se vota en sábana. El inmediato inicio del Mundial de Fútbol pondrá la mira en otro tema y le dará algo de tiempo para hacer malabares con las variables económicas que son las que dictan el humor popular. Pero, por sobre todo, estas conjeturas sugieren que el valor por la vida y los derechos humanos de los más indefensos, tal como para los gobiernos que lo precedieron, solo son tenidos en cuenta por la fuerza gobernante cuando le conviene, y que en la Argentina todos los ciudadanos son iguales, pero algunos más iguales que otros.

© Pablo R. Bedrossian, 2018. Todos los derechos reservados.